Los escándalos de corrupción que han estallado en Argelia amenazan con llevar al país al borde del colapso político. La impunidad, el nepotismo y la dilapidación de bienes públicos dan la imagen de un barco a la deriva. El presidente de la República, Abdelaziz Buteflika, guarda silencio mientras algunos de sus más fieles colaboradores son interrogados por la Justicia y encarcelados.
Para el periódico independiente El Watan,“la impunidad se ha transformado en un valor seguro de la República, en un modo de gobierno”. “Conceptos como Estado de derecho, transparencia, igualdad ante la Justicia, son hoy por hoy caducos”, añade. “Los intocables” son legión, miembros del gobierno, altos funcionarios del Estado, walis (gobernadores), hombres de negocios, senadores y oficiales superiores del Ejército o la Gendarmería, que saquean las arcas públicas descaradamente.
Todo empezó mucho antes de que hayan sido detenidos e interrogados el presidente de Sonatrach y tres de sus cuatro adjuntos, acusados de cobrar comisiones ilegales y de otorgar a dedo contratos millonarios a parientes y amigos. A modo de ejemplo, la prensa recuerda el escándalo del wali de Blida, Mohamed Buricha, amigo del presidente, revocado en 2005 y puesto a disposición de la Justicia en 2006, pero nunca encarcelado, a pesar de que los cargos contra él eran graves: dilapidación de bienes públicos, uso de fondos con fines personales, tráfico de tierras agrícolas y abuso de poder.
Algo parecido ocurrió con Amar Saidani, ex presidente del Parlamento, que desvió fondos por valor de 300 millones de euros del Programa de Apoyo Agrícola, según destapó el semanario Al Jabar Al Usbui. Es más, se sospecha que está vinculado al escándalo de compra de material agrícola “defectuoso” a una empresa española por valor de 100 millones de euros.
Aunque hasta el momento no se han hecho públicos los interrogatorios de los dirigentes de Sonatrach que comparecen ante la Justicia, la opinión pública argelina sospecha que el ministro de Energía, Chakib Jelil, el hombre más cercano a Abdelaziz Buteflika, si se exceptúa a su hermano Said, consejero del presidente, algo tendrá que ver con la corrupción que ha estallado en la principal empresa del país, que monopoliza el 98 por ciento de las exportaciones de Argelia y que, gracias a su volumen de negocios anual de unos 80.000 millones de euros, suministra las divisas necesarias para el funcionamiento del Estado. Según el periódico Le Quotidien d’Oran, “algunas empresas petroleras extranjeras están procediendo a revisar sus contratos con Sonatrach para examinar eventuales infracciones en la obtención de mercados por vías ilegales o por medio de vínculos personales”.
Jelil, que dirige el estratégico ministerio desde hace una década, se salvó por los pelos del escándalo que afectó a Sonatrach en 2006, por haber atribuido contratos a una empresa mixta formada por el gigante energético argelino con la norteamericana Halliburton, la Brown Roots et Condor (BRC), por valor de 630 millones de euros, sin respetar ningún procedimiento de concurso público. Jelil declaró haber sido puesto al corriente “por la prensa”. Igual que ahora.
Otros miembros del gabinete de Buteflika también se ven salpicados. En el llamado “escándalo del siglo”, referente a la construcción de la autopista este-oeste, que atravesará Argelia desde la frontera marroquí hasta la tunecina pasando por la capital, con un presupuesto de 8.000 millones de euros, el ministro de Obras Públicas, Amar Ghul, aparece implicado en los interrogatorios de su jefe de gabinete y del Secretario general del ministerio, actualmente presos.
También el ministro de Pesca, Smail Mimun, se ve ensuciado por el escándalo de las capturas fraudulentas de atún por empresas turcas, que ha supuesto un desfalco de 200 millones de euros a las arcas públicas.
Buteflika no ha desvelado hasta el momento la estrategia que va a seguir para hacer frente a la avalancha de asuntos de corrupción. Ya en diciembre se pronunció de manera genérica sobre la moralización de la vida pública. En la instrucción presidencial nº13, del 13 de diciembre pasado, exigía del gobierno y de las instituciones de control “racionalizar el gasto público y combatir el menor atisbo de corrupción”. Una directiva presidencial que según algunos ha sido promotora de las recientes investigaciones.
Sin embargo, hay coincidencias que no han pasado desapercibidas para los observadores diplomáticos en la capital argelina. En primer lugar, el hecho de que las investigaciones hayan sido hechas por un departamento adscrito a los Servicios Secretos Militares, cuando existen varios equipos que hacen esta tarea, tanto a nivel de la Policía Nacional como de la Gendarmería. El ministro del Interior, Yazid Zerhuni, el otro pilar en el que se sustenta el presidente junto al titular de Energía, ha sido pues dejado a un lado. En segundo lugar, los escándalos estallan en un período de inestabilidad institucional ocasionado por el estado de salud del presidente Buteflika que requiere controles periódicos en el hospital militar de Val de Grâce en París.
Estas circunstancias han desatado una ola de rumores en Argelia. Hasta el extremo de decirse que sólo la institución militar, precisamente la que ha llevado a cabo las investigaciones, está en condiciones de detener la delicuescencia del Estado y la gangrena que corroe las instituciones. Se ha insinuado la vuelta del general Mohamed Lamari, que ocupó el puesto de Jefe de Estado Mayor, y que ha revisado sus posiciones políticas hasta el punto de no oponerse al acceso de los islamistas al gobierno. “El Ejército quiere recuperar los puestos clave de la Energía, las Finanzas y el Banco Central de Argelia, para colocar a sus hombres de confianza y controlar la renta petrolera”, afirma el periodista Saad Lounès, quien no duda en concluir que “la clase política está dando una decepcionante imagen de agotamiento, de cansancio y abandono de su fervor militante, hasta el punto de que sólo queda el Ejército para poner fin a los desastres políticos, económicos y diplomáticos de Buteflika”.
Pedro Canales. Rabat
Fecha publicación: (25-01-2010)
