Libertad de expresión
Periodistas y defensores de derechos humanos continuaron sufriendo hostigamiento. Se procesó a algunos, acusados de difamación y otros delitos por criticar a instituciones o cargos públicos.
- En abril, el abogado de derechos humanos Amine Sidhoum fue declarado culpable de desacreditar a la judicatura por unos comentarios atribuidos a él que se habían publicado en 2004 en un artículo de prensa. El tribunal le impuso una condena condicional de seis meses y una multa. Tras confirmar un tribunal de apelación la condena en noviembre, la causa se remitió al Tribunal Supremo en virtud de recursos presentados tanto por el fiscal como por Amine Sidhoum.
- En octubre, Hassan Bourras, periodista del diario El Bilad, fue condenado a dos meses de prisión y a pagar una multa tras confirmar el Tribunal de Apelaciones de Saida la sentencia condenatoria dictada contra él por difamación con motivo de un artículo suyo sobre presunta corrupción en la ciudad de El Bayadh. Quedó en libertad bajo fianza en espera de otra posible apelación.
- Hafnaoui Ghoul, periodista y activista de derechos humanos de la sección de Djelfa de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos, se enfrentaba a cuatro procedimientos judiciales distintos por difamación y desacato como consecuencia de denuncias presentadas por cinco funcionarios de la gobernación de Djelfa por unos artículos que había publicado en el periódico Wasat sobre mala gestión y corrupción. Las acusaciones guardaban también relación con denuncias del periodista sobre centros secretos de detención y tortura.
Impunidad
El gobierno no tomó ninguna medida para abordar los graves y generalizados abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos armados y por las fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto interno de la década de 1990, en el que se creía que la cifra de víctimas de homicidio ascendía a 200.000 personas.
En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura instó al gobierno a reformar los artículos 45 y 46 del Decreto de Implementación de la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional (Ley 06-01), de 2006, que concedía impunidad a las fuerzas de seguridad y permitía el castigo de las víctimas y sus familiares, los defensores de los derechos humanos y otras personas que criticaran la conducta de las fuerzas de seguridad durante el conflicto interno.
Desapariciones forzadas
Las autoridades no habían investigado aún la suerte de millares de personas que habían sido sometidas a desaparición forzada.
En mayo, un alto cargo manifestó que 5.500 familias de personas sometidas a desaparición forzada habían aceptado recibir una indemnización, pero que otras 600 se habían negado, insistiendo en que les dijeran la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos. Posteriormente, el presidente de la Comisión Nacional Consultiva de Promoción y Protección de los Derechos Humanos dijo que el 96 o el 97 por ciento de las familias de los desaparecidos habían aceptado la indemnización, pero no dio más información. Según la Ley 06-01, los familiares de los desaparecidos podían solicitar una indemnización si presentaban un certificado oficial de defunción de éstos. Algunas familias denunciaron haber sido presionadas para que solicitaran el certificado.
Se siguió sometiendo a hostigamiento a familias de víctimas que pedían verdad y justicia.
- No hubo avances en la resolución de la desaparición de Salah Saker, profesor detenido por agentes del Estado en 1994. En agosto, su esposa, Louisa Saker, presidenta de la Asociación Nacional de Familias de Desaparecidos de la Provincia de Constantina, perdió un recurso que había presentado contra la decisión de las autoridades judiciales del Tribunal de Constantina de rechazar su denuncia de la desaparición de su esposo. En noviembre, el Tribunal de Apelaciones de Constantina confirmó una sentencia condenatoria dictada contra ella por haber participado en una «marcha desarmada» no autorizada en relación con una manifestación pacífica celebrada en 2004 por familias de víctimas de desaparición forzada. Le habían impuesto una multa condicional. Louisa Saker recurrió el fallo. Otras dos personas acusadas junto con ella y juzgadas in absentia habían sido condenadas a un año de prisión y a pagar una multa.
Pena de muerte
Se condenó a muerte a centenares de personas, en la mayoría de los casos por acusaciones de terrorismo, pero las autoridades mantuvieron en la práctica una moratoria de las ejecuciones. Muchas de las personas condenadas eran presuntos miembros de grupos armados, que habían sido juzgados y declarados culpables in absentia.
En diciembre, Argelia copatrocinó una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.
Violencia contra mujeres y niñas
Según la policía judicial, entre enero y junio de 2008 se recibieron 4.500 denuncias de violencia y acoso a mujeres. Se creía que la cifra real era mucho más alta.
En noviembre se aprobaron cambios constitucionales entre los que figuraba una disposición para la promoción de los derechos políticos de las mujeres.
En su informe de 2008, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer elogió los avances realizados en Argelia con respecto a los derechos de las mujeres, pero criticó que las autoridades no hubieran abordado adecuadamente la violencia y la discriminación contra ellas. La relatora instó a las autoridades a investigar la violencia sexual durante el conflicto interno, indemnizar a las supervivientes y poner a los responsables a disposición judicial.
